Odebrecht transfiere riesgo a nuestro país
Mientras tanto, Humberto Campodónico insiste en que la intervención de Petroperú en el desarrollo del Gasoducto Andino del Sur es definitiva
El juego más peligroso del mundo es no jugar a lo seguro. Si bien queda fuera de toda discusión la revolución económica que el Gasoducto Andino del Sur significaría para regiones como el Cusco, Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna, sí se cuestiona la forma como se hará.
Resulta que la edificación del proyecto –que hasta hoy es señalado como el mayor logro en la era Humala– establece polémicos planteamientos al Gobierno, sobre todo porque contempla la intervención del Estado en un proyecto que hace agua por donde se le mire.
La internacional brasileña Odebrecht, que asumió el 100% de la construcción del gasoducto tras comprar a la empresa Conduit el 49% de la participación del proyecto que esta poseía, planteó que el gasoducto se construya en dos tramos, el primero que vaya desde Camisea hasta Quillabamba (Cusco) y posteriormente un segundo tramo que retomaría las obras en Quillabamba para llevar la tubería de gas y líquidos hasta Ilo (Moquegua).
Hasta ahí todo bien si no fuera por un detalle relevante a los intereses de todos los peruanos. La constructora brasileña, que en el Perú siempre fue cuestionada por los millonarios sobrecostos con que acabó cada obra en la que recibió la buena pro, ha solicitado al Gobierno que a través de Cofide financie el primer tramo, que requerirá una inversión de US$ 1,200 millones.
Odebrecht, que es la mayor empresa de América Latina en su sector y está presente en cuatro continentes, aprovechando que el Gasoducto del Sur es la máxima prioridad dentro de las obras a desarrollar por los gobiernos regionales del sur y que el Gobierno ha puesto en evidencia una extraña premura y preocupación por su ejecución, astutamente transfirió el riesgo al Estado con una jugada que en Palacio de Gobierno y en Petroperú prefieren pasar por alto.
Señalan que para la construcción del Gasoducto del Sur se requerirá que Petrobras garantice la presencia de reservas en los lotes 57 y 58 para con ello firmar contratos de abastecimiento, los que a su vez permitirán financiar, con la banca privada, la construcción del segundo tramo del gasoducto y devolver al Perú lo invertido en el oleoducto que parte de Camisea hasta Quillabamba. En buen romance, si el negocio va mal, lo pagamos todos los peruanos; si el negocio va bien los beneficios se los queda la empresa que desarrolló el proyecto.
Ante ello, Alfonso García Miró, vicepresidente de Confiep, alerta: ‘‘¿Qué sucederá si el Estado financia el primer tramo se edifica y luego Petrobras no logra certificar las reservas en los lotes 57 y 58? ¿Qué nos garantiza que Odebrecht devolverá el dinero al Estado? ¿Con qué letra del alfabeto tiene que empezar el nombre de mi empresa o qué tamaño de proyecto debo presentar para hacer la cola que me permita a mí también conseguir un crédito puente del Estado para mi negocio/beneficio particular?”
“Si se trata de una obra cofinanciada entonces hay que hacer competir al capital privado en un concurso público por esos fondos públicos, como lo es un crédito puente, y tomar la propuesta más competitiva en beneficio de todos los peruanos. Pero no asignar dineros públicos a dedo y sin concurso a una sola empresa, sin que haya competido con otras para salir favorecida con recursos que, al final del día, son de responsabilidad del Estado”, precisó el vicepresidente de Confiep.
La Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) dio la voz de alerta. Aunque asegura que el millonario monto será devuelto al Estado una vez que se logre el financiamiento de la segunda etapa, en este denominado “crédito puente” nada garantiza que esto sea así. Los US$ 1,200 millones que el Estado invertirá como préstamo están sujetos a riesgo.
Lo que ocurre es –dijo– que lo riesgoso en la construcción del gasoducto respecto de las condiciones para su financiamiento no es que las reservas aún no hayan sido confirmadas, sino que dejan al estado correr con todo el riesgo.
“No hay banco que financie porque es demasiado riesgoso. La empresa que va a construir, que tiene el apoyo de la Confiep en tanto sea un proyecto privado, quiere que el Estado financie porque no han conseguido financiamiento de las entidades bancarias. Pero si no se confirman las reservas, se pierde el dinero de la gente”, advirtió.
“Estamos ante un negocio privado con beneficio privado para una utilidad privada que tiene que estar sujeto al riesgo privado y no tiene que estar sujeto a recursos públicos”, sostuvo el vicepresidente de este gremio, Alfonso García Miró.
¿QUÉ DICE CAMPODÓNICO?
Pese a este preocupante riesgo, el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, ha señalado en diversas oportunidades que la intervención de la petrolera estatal en el desarrollo del Gasoducto Andino del Sur es definitiva.
El último jueves precisó: “Definitivamente apoyamos este proyecto y nuestra participación será decidida por el Gobierno. Los recursos a destinarse en su ejecución provendrán de la caja del Estado".
Para Alfonso García Miró, Petroperú no es más que el vehículo que utiliza el Estado para gestionar el financiamiento. “Pero en realidad sería una decisión del Gobierno y eso sí sería lamentable”, afirmó.
“Es un argumento pésimo, es un incentivo perverso y moralmente censurable. De ninguna manera podemos aceptarlo”, enfatizó al momento de sostener que todos los peruanos debemos rechazar que alguien, por más que sea el Gobierno, pueda utilizar nuestros recursos para generar un beneficio particular, “un beneficio privado de una empresa privada”.
Informe especial
Los costos del Gasoducto Sur Andino han sido incrementados por cinco. ¿Quién sale ganando con esta operación? El Ejecutivo no ha dado explicación alguna por la desmesurada elevación de los costos de proyecto, con el consiguiente perjuicio al Estado peruano.
(Carlos Navea P. para Expreso 23/07/12)
