por Frank Keskleich / @blogcyh
El Perú es un país en donde definitivamente todo puede suceder. No solo estamos liberando actualmente a peligrosos terroristas debido a beneficios penitenciarios otorgados durante el gobierno de Toledo, sino que también tendremos que indemnizar a muchos de ellos en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que actualmente vienen perjudicando al país.
Según el ex ministro de justicia y actual primer ministro, Juan Jimenez, existen actualmente 360 denuncias ante la CIDH contra Perú de las cuales 68 ya han sido admitidas. De todos estos casos, los de derechos humanos son los mas perjudiciales porque se convierten en litigios permanentes (nunca se archivan). En el año 2009, la procuradora pública especializada supranacional Delia Muñoz, informó que el Estado desembolsó más de 16 millones 545 mil dólares para pagar indemnizaciones dispuestas por la CIDH y US $967 mil 702 en soluciones amistosas con terceros a nivel de la CIDH.
Se debe tomar en cuenta que estos casos se perdieron tanto debido a la pésima defensa del Estado Peruano durante los gobiernos de Toledo y Paniagua, así como por cierta intencionalidad política durante el gobierno toledista (personificada en su ex ministro de justicia y luego juez de la CIDH Diego García Sayán) de allanarse ante la mayoría de sentencias de la CIDH, para criminalizar después al ex Presidente a Alberto Fujimori Fujimori, al respecto pueden leer este interesante artículo del Dr. Tapia Tapia sobre el tema.
Según el analista y ex miembro del GEIN Benedicto Jimenez, el mismo líder de Sendero Luminoso en su libro "De Puño y Letra" reconoce este hecho : "Guzmán en su libro reconoce que todas las concesiones que consiguió fueron habilitadas por los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo y respecto al ex presidente Alberto Fujimori admite que este le brindó las facilidades para sellar la rendición total de sus huestes, y que no pudo celebrar acuerdo con él para encontrar lo que ellos llaman “solución política”, lo cual sí le fue concedido por los gobiernos subsiguientes."
En esta investigación, a continuación vamos a mostrar los escandalosos casos de indemnizaciónes a terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, los cuales demandan al Estado ante la CIDH por supuesta violación de DDHH de parte de las fuerzas del orden.
CASOS CON SENTENCIA: INDEMNIZACIONES A TERRORISTAS
1) Caso Lori Berenson (MRTA)
La CIDH ordenó en un fallo del 27 de noviembre del 2004 que se le pague treinta mil dólares (U$30,000) a la emerretista Lori Berenson. Asimismo, la sentencia incluye la condonación del pago de cien mil soles de reparación civil (S/100,000) que Berenson debía al Estado Peruano.
La terrorista Berenson fue sentenciada por intentar asaltar el Congreso de la República con otros miembros del MRTA. El pago a la terrorista fue efectivo el 15 de marzo del 2006 durante el gobierno de Toledo. Lori Berenson actualmente se encuentra liberada y vive en el distrito de Miraflores en Lima.
2) Caso María de la Cruz Flores (Sendero Luminoso)
El Perú tuvo que pagar US $319,000 a la terrorista María De la Cruz Flores, quien a pesar de estar sentenciada a 20 años de prisión continúa prófuga de la justicia. Según la demanda a la CIDH supuestamente se violaron sus derechos humanos durante su detención y procesamiento. La sentencia de la corte fue el día 18 de noviembre del 2004, en la cual, aparte de la indemnización se incluía la obligación del Estado de reincorporar a la terrorista en sus labores de médica, así como de brindarle una beca para su capacitación y actualización. El día 23 de noviembre del 2007, la CIDH declaró que el Perú había cumplido con el pago a la terrorista.
De La Cruz Flores fue acusada de ser miembro de Sendero Luminoso y de haberles brindado asistencia médica a terroristas. El 23 de noviembre del 2009 fue condenada a 20 años de cárcel, sin embargo fugó de Perú y actualmente se encontraría en Alemania.
3) Caso Maria Loayza Tamayo
María Loayza Tamayo es una profesora acusada de ser miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso. La CIDH ordenó en su sentencia indemnizarla con US$ 50 mil y dejar sin efecto su condena de 20 años de prisión. Según la Corte el fuero militar la había absuelto y sin embargo volvió a ser juzgada nuevamente por el fuero común.
Al respecto según el juez de la CIDH, Montiel Arguello, su absolución fue una fórmula oscura de parte de los demás jueces de la CIDH: "Respecto de la orden de libertad de María Elena Loayza Tamayo, la Corte ha usado una fórmula bastante oscura que equivale a un decreto de absolución de la procesada y como fundamento se aducen las violaciones de los derechos consagrados en la Convención, especialmente de la prohibición del doble enjuiciamiento. Cualquiera que sean los vicios de un proceso, ellos pueden conducir a su anulación por un superior competente, pero no a la absolución del reo. En cuanto al doble enjuiciamiento, podría entrar a otras consideraciones, mas lo estimo innecesario en vista de que, en mi opinión, no ha existido tal violación"
4) Caso Penal Castro Castro
La CIDH en su sentencia de diciembre del 2006 ordenó pagar más de US$ 12 millones de dólares (segúnPalacios Dongo en total serían mas de US$ 17 millones) por concepto de indemnización a los terroristas , que liderados por Deodato Juárez Cruzat, se amotinaron en el Penal Castro Castro en mayo de 1992. Como consecuencia de la intervención de las fuerzas del orden 42 subversivos murieron, 175 fueron heridos y otros 322 denuncian que sufrieron tratos crueles e inhumanos. Actualmente hay 539 beneficiarios.
Aparte de la indemnización, el fallo incluye un acto público de desagravio a las víctimas y de reconocimiento de responsabilidad internacional de parte del Estado. Según la misma sentencia de la CIDH en su punto 57 al respecto: "La Corte acepta que el Estado establezca un parque o erija un monumento que satisfaga el sentido y fin de la medida de reparación ordenada por el Tribunal en su Sentencia." Asimismo exige que los nombres de los terroristas sean inscritos en este memorial ordenado por la corte denominado "El Ojo que Llora". El gobierno de Alejandro Toledo se allanó a la sentencia.
Entre los beneficiarios se encuentra Osmán Mórote, quien saldría libre el 2013 y recibiría una indemnización de por lo menos 50,000 dólares americanos. También está incluida Madelein Valle Rivera, quien recibiría US$20 mil dólares por ser una de los sobrevivientes de la matanza en el penal Castro Castro en 1992. También recibirá otra indemnización por ser hija del senderista Tito Valle Travesaño, quien murió durante la operación militar. Actualmente es abogada y líder de la agrupación pro senderista "Asociación defamiliares presos políticos, desaparecidos y víctimas de genocidio".
5) Caso Neira Alegría (El Frontón)
La CIDH en su fallo del 19 de enero de 1995 indica que Perú debe indemnizar a los terroristas Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar víctimas de la masacre del Fronton por un monto de US $ 154,040.74 dólares .
CASOS CON SENTENCIA: INDEMNIZACIONES A EMBAUCADORES
6) Caso Leonor La Rosa
La ex agente del SIE Leonor La Rosa denunció en 1997 haber sido torturada por 4 miembros del Ejército Peruana. La Justicia Militar absolvió a dos de los acusados, y sin ninguna prueba que los incrimine sentenció a los otros dos a 8 años de prisión. Años después en septiembre del 2002, la Justicia Militar reconoce su error y determina que no hay pruebas que demuestren la culpabilidad de los procesados, absolviendo a todos. Sin embargo, 7 meses antes el gobierno de Toledo ya había indemnizado a una farsante La Rosa con 120,000 dolares por orden de la CIDH. Por tal embuste, se arruinó carreras intachables a prestigiosos oficiales del Ejercito y, se despilfarró dinero público en embaucadores.
7) Caso Pedro Huilca
Existe investigación con abundante material bibliográfico que demuestra que el asesinato del sindicalista Pedro Huilca Tecse del 18 de diciembre de 1992, -atribuido interesadamente al Grupo Colina- fue en verdad responsabilidad del grupo terrorista Sendero Luminoso tal como consta en todas las investigaciones de la Policia Nacional y la Justicia Peruana. A pesar de estas pruebas, durante el gobierno de Toledo, el Estado se allanó ante la CIDH e indemnizo a la familia Huilca con 270,000 dolares. Un grave escándalo de corrupción y mentira que costó miles de dolares al tesoro público y que exculpó a los verdaderos asesinos senderistas del sindicalista Huilca.
Link: Investigación del Caso Pedro Huilca
CASOS EN PROCESO: INDEMNIZACIONES A TERRORISTAS
8) Caso Mónica Feria (Sendero Luminoso)
Mónica Feria, estudiante de derecho de la PUCP, fue capturada el 13 de abril de 1992 cuando la Policía Antiterrorista intervino locales donde se editaba y distribuia "El Diario" -publicación senderista-. Se le encontró abundante material subversivo y dos pistolas. En junio de 1993 la justicia militar la expulsó debido a que se amparó en la ley de arrepentimiento. Feria se fue al extranjero y desde 1997 se encargó de defender a los deudos de los 41 terroristas asesinados en el penal Castro Castro ante la CIDH. Más de 15 años después, acusó al Estado ante la CIDH que durante la operación militar en Castro Castro fue torturada y violada sexualmente por agentes del Estado, exigiendo una reparación civil. Hasta ahora la Corte IDH no se pronuncia al respecto.
La captura internacional de Feria fue solicitada en extradición por el Estado Peruana en el 2007, sin embargo fue premiada hace poco como “defensora” de derechos humanos por la Fundación Gruber, recibiendo un monto de U$500,000 dólares en un premio compartido en Estados Unidos. Actualmente reside en Alemania.
9) Caso Gladys Carol Espinoza Gonzales (MRTA)
La CIDH envió este caso a la Corte IDH el 8 de diciembre del 2011 al hallar al Estado “responsable” de violar los derechos humanos de Espinoza Gonzales, acusada de secuestrar empresarios para financiar a los terroristas del MRTA. Asimismo según la CIDH su estancia en el penal de Yanamayo implicaba condiciones de detención "inhumanas".
La emerretista Espinoza fue condenada a 25 años de prisión el 2004 luego de anulada su primera sentencia de cadena perpetua en 1993. Esta terrorista saldría en libertad el 2018.
10) Caso Castillo Petruzzi (MRTA)
El emerretista Jaime Castillo Petruzzi junto con los terroristas chilenos María Concepción Pincheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga demandaron al Estado Peruano ante la CIDH y ganaron el caso. La CIDH en sentencia ha indicado que Perú deberá pagarles 10,000 dólares por supuesta violación de derechos humanos. Actualmente ellos deben en reparación civil al Estado 250 mil nuevos soles. Según el primer ministro, Juan Jimenez Mayor, el Estado les cobrará primero la reparación civil y después les pagará la indemnización. La abogada Gloria Cano, de la ONG APRODEH, fue defensora de Alejandro Astorga ante la CIDH.
11) Caso Cruz Sanchez , Meléndez Cueva y Perceros Pedraza ( MRTA) contra los Comandos Chavin de Huantar
El 23 de diciembre del 2011 la CIDH demandó ante la Corte IDH al Estado Peruano por no juzgar en el Fuero Civil ( a pesar que el Fuero Militar ya los había declarado inocentes) a los Comandos Chavin de Huantar por la presunta ejecución extrajudicial de los emerretistas Eduardo Nicolás Cruz Sanchez "Tito", Herma Luz Meléndez Cueva y Victor Salomón Peceros Pedraza durante la operación militar Chavin de Huantar para rescatar a los 72 secuestrados de la embajada de japón en 1997. La denuncia se basa en los testimonios del ex primer secretario de la Embajada, Hidetaka Oguta, así como de los suboficiales PNP Raúl Robles Reynoso y Marcial Teodorico Torres Arteaga.
Actualmente quien está llevando el caso "asesorando" a los familiares es la ONG de DD.HH. APRODEH , incluso la Abogada Gloria Cano se pronunció sobre pedido de la CIDH para que se abra proceso al Estado Peruano por no cumplir recomendaciones en caso Chavín de Huantar.
12) Caso Madre Mía: Presión contra Ollanta Humala
Actualmente las ONG de DDHH y la CIDH ejercen tal presión sobre la política peruana que ni el Sr. Presidente Ollanta Humala se salva. Resulta que según la agencia Reuters, los familiares de dos personas desaparecidas en Madre Mía en 1992, iniciaron un proceso contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por supuestamente no haber investigado adecuadamente este caso archivado en el 2009 por el Poder Judicial. El actual Presidente del Poder Judicial, Cesar San Martín, fue el encargado de ver ese caso y decidió absolver al actual Presidente del país.
Conclusiones Finales:
Los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA asesorados por algunas ONG de DD.HH. parcializadas, han emprendido una estrategia jurídica contra el Estado Peruano, la cual consiste en denuncias masivas ante la CIDH por supuesta violación de sus DD.HH. por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales. Asimismo, denuncian a la Justicia Peruana por supuestamente no aplicar en ellos "el debido proceso" legal.
Actualmente su estrategia les ha traido muy buenos resultados -y dividendos-, y el gobierno de Toledo, ya sea por ineptitud o por interés político se allanó a la mayoría de sentencias de la CIDH que favorecían a los terroristas. Lo irónico es que, mientras los terroristas utilizan a la CIDH para que el Perú les pague indemnizaciones, estos aún no pagan las reparaciones civiles al Estado por sus crímenes contra la población civil, autoridades políticas, policía nacional y fuerzas armadas.
Según el ex ministro de justicia García Toma, en el 2010 el Estado peruano es acreedor de 3,173 millones de soles, y solo ha recuperado 280 mil dólares, cifra obtenida en un 80% por acciones de embargo y el 20% restante en dinero en efectivo. Actualmente la situación está cambiando en algo gracias a los embargos de propiedades a terroristas efectuados por la Procuradoría Antiterrorista dirigida por Julio Galindo. Esperemos que estos criminales lleguen a pagar hasta el último centavo al Estado.
Ultimamente el gobierno de Ollanta Humala informó que no se les pagaría ni un nuevo sol a los terroristas, hasta que primero paguen sus deudas. Desde aquí, saludamos esa iniciativa.
Finalmente, el Estado debería mejorar su defensa ante la CIDH frente a varios procesos judiciales iniciados, los cuales venimos perdiendo vergonzosamente en los últimos años. De igual manera, el Congreso debería buscar formulas legales para evitar el pago de indemnizaciones a los delincuentes terroristas, un ejemplo tangible es el de España, en donde no se considera a los terroristas como beneficiarios de indemnizaciones.
Es inadmisible que gracias a un grupúsculo de malos políticos, periodistas y funcionarios de ONG , así como muchos otros que han desempeñado a cabalidad su papel de tontos útiles, los asesinos terroristas reciban hoy por hoy el tratamiento de pobres víctimas inocentes, mientras que el Estado es visto como el malo de la película. No solo eso, sino que también está obligado a “condecorar” con millonarias sumas de dinero a estos “pobres angelitos” -culpables a todas luces de destruir infraestructura y asesinar a personas inocentes-, mientras estos no pagan sus culpas en prisión y peor aún sus deudas a sus víctimas. En definitiva, el mundo al revés.
Si seguimos a este paso, no nos sorprendamos si jóvenes deciden ser delincuentes terroristas en vez de estudiar, trabajar y superarse. Al parecer es más rentable ser un delincuente miserable que una persona de bien, gracias a esos señoritos “idealistas” mal llamados caviares. El reo “Presidente Gonzalo” y las bandas terroristas “Sendero Luminoso” y el MRTA les deben estar muy agradecidos.
Autor: Frank Keskleich Torres / via @blogcyh
SE RECOMIENDA VER
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Fuente: http://victorrobles.wordpress.com/2012/09/28/impunidad-solo-para-los-amigos/
-La Corte Interamericana de Derechos Humanos-
"Que vergüenza que un gobierno que se proclama nacionalista asuma una actitud pusilánime ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte IDH está impedida de sustituir a la justicia nacional porque no es un tribunal penal, pero lo hace con intención política y justifica su intromisión alegando impunidad
ningún país está obligado a obedecer resoluciones que avasallan su soberanía.
Pero no, les canjearon impunidad por favor político, y allí están ahora los asesinos Julio Chuqui, Isaac Paquiyauri y otros, libres en las calles. Les dieron impunidad a cambio de que dijeran que Alberto Fujimori ordenó el crimen de Barrios Altos."
Impunidad, solo para los amigos
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| Foto El Comrecio - Juez San Martín |
Que vergüenza que un gobierno que se proclama nacionalista asuma una actitud pusilánime ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ésta, excediendo sus prerrogativas, pretende obligar al Perú a dictar sentencias según el parecer de ese organismo ideologizado.
Dicen los obsecuentes que se debe acatar el mandato de la Corte, pero ningún país está obligado a obedecer resoluciones que avasallan su soberanía.
La Constitución obliga al Ejecutivo a defender al Estado en los fueron internacionales, y este gobierno, en vez de hacerlo, solo sabe allanarse, ponerse de rodillas. Han infringido el mandato constitucional y algún día les tocará responder por semejante traición.
La Corte IDH está impedida de sustituir a la justicia nacional porque no es un tribunal penal, pero lo hace con intención política y justifica su intromisión alegando impunidad, como si los autores de la masacre de Barrios Altos hubiesen sido absueltos o liberados.
Al contrario, han recibido las penas más duras de nuestra legislación, y si éstas han sido rebajadas en solo dos años es porque se violó el derecho de los sentenciados al debido proceso al someterlos a juicio durante 11 años.
Es inadmisible que pretenda imponer que el crimen de Barrios Altos sea declarado de “lesa humanidad” por la Corte Suprema ya que Tribunal Constitucional ya ha establecido que un delito es de lesa humanidad solo cuando concurren los requisitos fijados por el Estatuto de Roma.
En Barrios Altos los asesinos mataron a sus víctimas por considerarlos terroristas o cómplices de estos. Este hecho, según el Estatuto de Roma, los exime de lesa humanidad ya que éste se comete solo cuando el autor sabe y es consciente de que está matando a civiles inocentes.
A falta de argumentos, Corte IDH y las ONG sostienen que todo delito cometido con crueldad es de lesa humanidad, lo cual es mentira. Si esto fuese verdad los autores de crímenes horrendos, como Clímaco Basombrío (el loco del martillo), el homicida de Ruth Talía Sayas, o los violadores-asesinos de niños serían condenados por lesa humanidad, lo cual jamás ocurrirá.
No es casual que las ONG que presionan para que se imponga la figura de “lesa humanidad” sean de ideología marxista leninista. Lo que quieren igual que Sendero Luminoso, es dejar a la democracia como un sistema genocida.
La “impunidad” es solo un pretexto. Si esa aversión por la impunidad que dicen sentir las ONG fuese genuina no habrían permitido que salgan libres los asesinos confesos de la matanza de Barrios Altos.
Pero no, les canjearon impunidad por favor político, y allí están ahora los asesinos Julio Chuqui, Isaac Paquiyauri y otros, libres en las calles. Les dieron impunidad a cambio de que dijeran que Alberto Fujimori ordenó el crimen de Barrios Altos.
La pena mínima por asesinato con crueldad es 15 años, a ellos les dieron solo ocho y salieron libres en meses. Las ONG se quedaron calladas.
Para los asesinos “amigos”, impunidad; al carajo la lesa humanidad. Para los que no “colaboran”, lesa humanidad. ¿Acaso no es nauseabundo?
Lima, set. 28 (ANDINA).
PJ ordena recaptura de exmilitar beneficiado por fallo Villa Stein
El Poder Judicial ordenó la recaptura de Alberto Pinto Cárdenas, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, al quedar anulado un fallo favorable al grupo paramilitar Colina, que lo dejó en libertad, informó el presidente de ese poder del Estado, César San Martín. La citada sentencia redujo las penas a los miembros de Colina y determinó que el crimen de Barrios Altos, perpetrado en 1992, no constituye un delito de lesa humanidad.Sin embargo, ese fallo fue anulado el jueves, luego de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó corregir esa sentencia.
“La sala, al anular la sentencia, ha dispuesto la recaptura del señor Pinto Cárdenas, que fue absuelto por la sentencia anulada”, afirmó San Martín. Dijo esperar que Pinto Cárdenas se ponga a derecho para que pueda ser juzgado por la nueva Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que se conformará para revisar este caso.
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Fuente:http://peru21.pe/politica/mas-3400-terroristas-fueron-excarcelados-ultimos-anos-2042434
Más de 3,400 terroristas excarcelados en los últimos años
Cifras de la Dircote revelan que 514 fueron en gobierno de transición y más de 2,300 en gestión de Alejandro Toledo. Pese a esta situación, la Policía ha logrado capturar a 1,093 senderistas entre 2006 y 2012.
La muerte de una menor en Huancayo –tras el enfrentamiento entre fuerzas del orden con subversivos–, y otros recientes sucesos en diversos puntos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), reveló otro ángulo preocupante que se vive en el país: cerca de 3,400 sentenciados por terrorismo salieron a las calles entre 2000 y 2011.
Según cifras de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) –a las que tuvo acceso Perú21*– los subversivos excarcelados salieron, en su mayoría, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua (514) y *el gobierno de Alejandro Toledo (alrededor de 2,300).
Como Perú21 revelara en mayo pasado, casi mil terroristas terminaron laborando en el magisterio y en otras entidades públicas, situación que, en el caso del Ministerio de Educación, no se aclara a la fecha.
“Respeto las decisiones de las autoridades de ese entonces, pero haber favorecido a esta organización con leyes benignas para excarcelar a miles de terroristas fue un crimen”, afirmó el congresista Octavio Salazar (Fuerza 2011).
Para el legislador fujimorista, el Perú asiste desde el año 2000 a la fecha, a un proceso de reciclaje político con la aparición del Movadef, agrupaciones radicales como el Conare y el accionar de los Quispe Palomino en el Vraem.
“Muchos liberados están en el magisterio, en el sector Salud y en otros ministerios, así como en municipios y en gobiernos regionales. También hay agitadores políticos que conspiran conformando poderes locales como frentes de defensa”, observó el también exministro del Interior.
Salazar advirtió, además, que los subversivos están en las universidades y colectivos estudiantiles. “Debemos recordar que Abimael Guzmán dijo que ‘el tiempo es nuestro mejor aliado’. Ellos esperan ganar a los jóvenes con este proceso de largo aliento para crear nuevos cuadros”, anotó.
MUERTES EN EL VRAEM
Otra aguda situación es el constante accionar de las columnas narcosenderistas en el Vraem, ligadas a los hermanos Quispe Palomino. Desde el 2008 a la fecha, más de 90 uniformados han caído víctimas de las balas subversivas, como los asesinatos de cinco policías y tres soldados en abril último, tras el secuestro de 36 trabajadores en Alto Kepashiato, Cusco.
Sin embargo, así como se han producido estas excarcelaciones, la Policía, según cifras de la Dircote, ha capturado y logrado que se envíe a la cárcel a 1,093 senderistas entre los años 2006 y 2012.
“La cifra demuestra las constantes labores estratégicas contra el terrorismo que la Policía Nacional lleva en el marco de las políticas dictadas por el Gobierno, a través del Ministerio del Interior”, afirmó a Perú21, Raúl Salazar, director de la Policía Nacional.
TENGA EN CUENTA
- Para Pedro Yaranga, experto en subversión, por un lado está el Movadef –que apoya al Conare-Sutep– y por otro, los Quispe Palomino en el Vraem.
- Según la Dircote, solo en este año fueron detenidos 175 terroristas, entre ellos Eleuterio Flores Hala, camarada ‘Artemio’.
- Arsenal. Ciento treinta fusiles y escopetas, y 85,904 municiones y explosivos fueron incautados entre los años 2006 y 2012.
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