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Fuente/Source: expreso.com.pe 

Las ONG conspiran para desaparecer fuero militar


contralmirante (r) Carlos Mesa Angosto


La justicia militar – policial tiene una indiscutible razón de ser en el mandato de la Constitución vigente.


Por Janet Leiva D
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La motivación de las ONG por desaparecer el Tribunal de Justicia Militar-Policial en el sistema peruano es evidente. Si hacemos memoria, durante la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante al Corte IDH en el caso Chavín de Huántar, el organismo internacional en un acápite de su resolución pidió “sancionar a los jueces militares”.
Hace unos días el presidente del Tribunal de Justicia Militar Policial, contralmirante (r) Carlos Mesa Angosto, denunció que las ONG iniciaron una persecución contra su institución, al demandarla ante el Tribunal Constitucional (TC) por cuestionar algunos artículos del código de justicia militar.
Pero no sólo la ONG IDL es quien busca desaparecer del mapa al TJMP. El año pasado, la Comisión IDH mencionó que en nuestro país, por el caso Chavín de Huántar existía una investigación pendiente; esta se refería a los “jueces militares” por supuestamente “obstaculizar” el debido proceso cuando se juzgó a los 140 valerosos militares que intervinieron en el rescate de rehenes a manos del MRTA en la residencia del embajador de Japón, Morihisa Aoki.
En su resolución, la Comisión IDH en su acápite 210, señaló: “la comisión observa que pese a existir prueba en el expediente sobre la obstaculización por parte del juez militar, éste no ha sido juzgado”. Golpe certero a la impartición de la justicia militar en nuestro país.
Sobre esto, la CIDH dentro de sus recomendaciones señaló en el número 3, “disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso”.
Lo que significa simplemente, al entendimiento de todos los peruanos, “juzgar a los jueces militares por archivar el proceso a los oficiales que participaron en el operativo más impecable de la historia”.
El dato
No sólo el IDL persigue al fuero castrense. También Aprodeh y Cejil-Washington, un organismo internacional apostado en Estados Unidos, con frecuencia litigan contra el Estado peruano y cuestionan a la justicia militar.



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