Heroicos descubrimientos del primer ministro
Por: Francisco Chirinos Soto.
Foto: Andina
Propiedades de sentenciados por terrorismo inscritas en los Registros Públicos
Me resulta complicado determinar qué reacción merecen las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros ante la Comisión de Fiscalización del Congreso respecto al histórico descubrimiento de propiedades de sentenciados por terrorismo inscritas en los Registros Públicos. ¿Incredulidad, protesta, sorpresa, indignación? O acaso una amalgama de todas ellas al leer que el doctor Juan Jiménez Mayor declaró muy suelto de huesos que “hemos encontrado” bienes de sentenciados por terrorismo que están a su nombre hace años.
Qué tal proeza. Este gobierno ha tardado catorce meses en tomar conocimiento de situaciones registrales que pueden establecerse en un día o también en unas pocas horas y hasta en minutos, por la admirable eficiencia y rapidez de los Registros Públicos, organismo estatal verdaderamente transformado y que brinda un impecable servicio a la colectividad. No puede el primer ministro por tanto acusar a los gobiernos anteriores por no haber cumplido esa tarea, puesto que este gobierno tiene la misma responsabilidad.
Ha dicho el alto funcionario del Ejecutivo que “es lamentable que no se haya hecho nada, que no se haya podido realizar esa búsqueda en los Registros Públicos” a lo largo de tantos años. Pero ahora, como si hubiera logrado la ubicación de ignotas reservas de gas o de petróleo en algún punto del territorio nacional, ha encontrado finalmente los asientos registrales que acreditan la existencia de propiedades de personas condenadas por terrorismo, que no han satisfecho todavía el pago de las reparaciones civiles incluidas en las sentencias respectivas.
Esas propiedades deberían estar embargadas ya, desde que los terroristas fueron sometidos a juicio, precisamente porque la ley procesal penal dispone que el juez instructor debe proceder de oficio a la aplicación de esa medida. O, alternativamente, ordenarla a petición del procurador público designado como defensor de los intereses económicos del Estado dentro de las causas penales.
El primer ministro ha anunciado que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría Antiterrorista, aplicará golpes importantes contra la subversión. Esos golpes deberán entenderse como la traba de los embargos que correspondan y su inmediato trámite para convertirlos en dinero que ingrese finalmente al erario público. Esas varias semanas habrán de configurar obra titánica de actividad de la Procuraduría Antiterrorista. Una solicitud de embargo, acompañada de la ficha registral correspondiente, es tarea de minutos y motivo de recursos de unas cuantas líneas. Empero, los procuradores tendrán que desarrollar un operativo de tales dimensiones que en alguna medida se asemejen al “Día D”.
A propósito de los procuradores del Estado, es necesario dejar perfectamente en claro que su diligencia se limita a participar en hechos que puedan ser objeto de la difusión pública a través de los medios de comunicación social. Pero el trabajo y la producción reales y efectivos están absolutamente ausentes. Me sucede constantemente que en casos judiciales que patrocino contra el Estado o alguna repartición oficial, hay algún procurador que se apersona a solicitar, por ejemplo, el uso de la palabra en un informe oral y señala en su escrito los nombres de seis o más procuradores que podrán sustituirlo en la audiencia. A la hora de la vista de la causa no aparece ninguno. Varios colegas me han asegurado que tienen experiencias semejantes.
Las procuradurías públicas son, lamentablemente, refugio de profesionales y burócratas del todo improductivos, que frecuentemente salen del marco de sus atribuciones y que no cumplen a cabalidad su obligación de cautelar los derechos patrimoniales del Estado dentro de los procesos judiciales.
