Un crimen social
Luis García Miró Elguera
Alarmante lo que sucede con la Educación en el Perú. Para nadie es secreto que un país sólo se forja con ciudadanos instruidos y cultos. Toda sociedad ignorante o maleducada está condenada al fracaso. Perú, sin embargo, ha desechado instrumentar una sólida política de Estado. Por el contrario, desde que la dictadura de Velasco Alvarado dinamitara la Educación –incrustando en su ley un letal cogobierno entre el Estado y el sindicato magisterial dirigido por el partido comunista Patria Roja– hemos venido cuesta abajo, con docenas de generaciones dominadas por la medianía, cuando no la estupidez, estimuladas por el complejo de inferioridad inculcado por maestros mediocres forjados en la ideología comunista del odio de clases. Esta barbaridad comenzó a ser mutada por la ley del Magisterio aprobada durante el gobierno del presidente Alan García. Por primera vez se le quebraba el espinazo al sindicato de profesores que maneja Patria Roja. La meritocracia empezaba a ser parte vertebral de la carrera docente. Pero sobre todo, la dirigencia sindicalista fue expectorada del cenáculo donde se forjan las directrices de nuestra escuela pública. El parto no fue sencillo, pero sí histórico. Después de medio siglo, recién se combatía la politización educativa. El país empezaba a avanzar. Pero como toda transformación nacional, esta sólo se daría por etapas. Y la escuela es el primer escalón ciudadano sobre el que se soporta cualquier otra metamorfosis social. En consecuencia resultaba temerario enervar la norma que, por fin, había sentado las bases del cambio. No obstante este gobierno ha decidido hacerlo, con el único fin de aplacar las iras violentistas del Sutep, el sindicato que hoy manosea un “partido” que defiende a sendero luminoso.
Si ya era temerario permitir que el Sutep cogobierne en materia educativa –primero por tratarse de un sindicato con intereses reivindicativos contrapuestos a los del Estado, que debería ser el único rector de las políticas escolares; y segundo porque el sindicato lo maneja un partido político comunista llamado Patria Roja–, entonces, ¿con qué derecho este gobierno podía permitir que ese mismo sindicato –ahora, además, infiltrado por una agrupación abiertamente afín al terrorismo– vuelva: 1) a participar en la designación de los maestros en las escuelas, y 2) a tener voz y voto en la implementación de las políticas educativas? Aunque al lector pueda sonarle a exageración, ambos crímenes sociales están plasmados en el proyecto de ley que empezará a debatir el Congreso. ¿Qué explicación cabe frente a esto? Ninguna. Sólo la claudicación de una ministra como Patricia Salas, quien podrá ser personalmente muy correcta, pero que se ha dejado rodear por un escuadrón de rojos infiltrados en su sector, que la obligan a administrar la Educación a imagen y semejanza de la ideología y la práctica comunista del Sutep. El país espera que el Parlamento rechace ambos extremos intolerables del proyecto que enviará el Ejecutivo.
